Por cinco horas se extendió la audiencia de formalización de cargos en contra de los 20 imputados formalizados por diversos delitos relacionados con la creación de empresas falsa y factura ideológicamente falsas para defraudar al fisco en un total de 5.600 millones de pesos.
El fiscal Miguel Orella a cargo de la investigación y que contó con el apoyo de equipos especializados de la PDI conformado por la Unidad de Asesoría Técnica de Tala, Brigada de Delitos Económicos y Brigada de Lavados de Activos de Santiago, más profesionales del Servicio de Impuestos Internos, le comunicó ante el Juez de Garantía de Talca a cada uno de los imputados su participación en esta verdadera red dedica a este ilícito que incluso reclutó a personas indigentes y con sus facultades mentales perturbadas para crear empresas que en definitiva en el papel se dedicaba a exportan chatarra para luego cobrar al fisco la devolución del IVA exportador.
“La fiscalía consideró razonable distribuir la formalización de los imputados formalizados efectivamente en una primera etapa de dirección a través de Alejandro Hernán Toro que era el líder de esta organización junto a sus hermanos que tienen participación y sus hermanos que tienen una distribución geográfica en Chile desde Concepción hasta La Serena en empresas vinculadas a la chatarra, luego personas de confianza y luego de ellos representantes legales utilizados como testaferros pero tenían plena conciencia y dolo de su participación como representantes legales de la empresa, para por último incorporar a un grupo de los denominados reclutadores o personas que se dedican a tomar a personas en situación de calle o situaciones económicas complejas, con problemas mentales y darles inicio de actividades y transformarlas en personas jurídicas capaces de realizar formalmente operaciones comerciales que en realidad nunca existieron y que permitía a este grupo liderado por Alejandro Hernández, incorporar créditos fiscales falsos, estas facturas falsas en su contabilidad. El resto de los miembros de la empresa a través de grupos de empresa a lo largo de Chile le permitía cuadrar los stock e inventarios de las distintas contabilidad de la organización de Alejandro Hernández”, afirmó el fiscal Orellana quien además señaló que cualquier ciudadano al incorporar en su patrimonio dos mil o tres millones de pesos se inmediato aquello alerta al Servicio de Impuestos Internos y es por esta razón que la operatividad en este caso era a través de diversas empresas que en realidad existían solo en el papel y que su misión era permitir mover el capital de los líderes de esta organización.
De esta forma acogiendo cada uno de los argumentos de la tesis de la fiscalía y a pesar de los argumentos entregados por la defensa de todos los involucrados, el Juez de Garantía Humberto Paiva dispuso la prisión preventiva para Alejandro Hernández Toro y sus hermanos Cristian , Marcelo y Erika, además de Alejandro Saiz Blanco, Waldo Enrique Aravena Soto, Francisco Javier Poke Parra, Eduardo Arturo Aravena Durán, Miguel Mauricio Hidalgo Granadino, Juan René Mendoza Toro, Carlos Enrique Orellana Céspedes, Herbert Vladimir Silva Hellinger, René Ramírez Morales, Marcelo Roberto de la Fuente Zamora, Ronal Fabián Salinas Delgadillo, Farid Gamal Salvador Mussa Espinoza, Luis Enrique Molina Jerez, Claudio Alejandro Bascuñán Martínez, Martín Santiago Martín Valdés, y Piero Giuliano Gallardo Carrillo,
En contra de otros dos imputados Herbert Silva y René Ramírez y por su grado de participación en estos hechos la fiscalía solicitó la medida cautelar de arraigo nacional y firma quincenal durante los cuatro meses fijados para el cierre de la investigación.
La investigación en contra de cada una de estas personas comenzó en marzo del 2012 luego de una denuncia realizada por el Servicio de Impuestos Internos la que tras un año de diversas diligencias y métodos investigativos amparadas por la ley, se pudo establecer con precisión la forma de operar de esta asociación que reclutaba a hombres y mujeres para defraudar al fisco.
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